La Comisión de Justicia da luz verde a la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este martes la proposición de ley que deroga el delito de sedición y retoca el de malversación pero ateniéndose al acuerdo del Tribunal Constitucional (TC) que este lunes ha suspendido las enmiendas que buscaban reformar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Comisión, paso necesario para que el Pleno de la Cámara Alta debata la iniciativa este jueves 22 de diciembre, se ha reunido tras la celebración de una Mesa extraordinaria y ha decidido que la Cámara Alta tramitará la reforma del Código Penal del Gobierno sin las dos enmiendas suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, y que corresponden a la modificación de la Ley del Poder Judicial y del propio TC.

La Mesa del Congreso ha acordado, asimismo, personarse en el procedimiento abierto con el recurso de amparo del PP. Por seis votos a favor y dos en contra, en la reunión ordinaria de la mañana de este martes, la Mesa ha decidido que presentará alegaciones en los próximos días.

Por tanto, el Senado culminará este jueves la polémica reforma del delito de sedición y malversación sin incluir la modificación de las leyes del Poder Judicial y del Constitucional, suspendida por este tribunal, y sin saber si la exclusión de ambas disposiciones obliga a remitir la norma al Congreso para su aprobación definitiva.

Tras la segunda reunión de la Mesa del Senado celebrada esta mañana, la vicepresidenta de la Cámara Alta, Cristina Narbona, ha explicado en rueda de prensa que no podía confirmar ni desmentir que la proposición de ley que presumiblemente será aprobada por el pleno el próximo jueves 22, sin las disposiciones ya retiradas, tendrá que volver al Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha señalado que el Ejecutivo que lidera "acata" la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de las reformas legales impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, aprobadas en el Congreso, si bien ha precisado que el Gobierno español "adoptará medidas" para poner fin al bloqueo en que se encuentra el propio TC y el Consejo General del Poder Judicial.