Sánchez y Aragonès se reunirán el próximo viernes, 15 de julio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunirán el próximo viernes, 15 de julio, para retomar el diálogo tras el escándalo provocado por el espionaje a dirigentes independentistas con el sistema Pegasus. Representantes de ambos gobiernos han pactado, además, un acuerdo marco de negociación para los próximos meses, en los que trabajarán para avanzar en el diálogo y en la "superación de la judicialización" del conflicto catalán. 

La fecha de la reunión, así como el contenido del acuerdo suscrito ha sido anunciado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, en sendas ruedas de prensa correlativas en el Palau de la Generalitat, después de la reunión que ha mantenido.

En el documento firmado por ambos, el Gobierno de España y el Govern se comprometen primeramente "a contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones". Ambas partes reconocen, además, "la plena legitimidad política de lasdiferentes ideologías y de los proyectos políticos democráticos que derivan de ellas, sea cual sea su visión sobre el futuro político de Catalunya y de su relacióncon el Estado".

El segundo objetivo es la "búsqueda de acuerdos", un punto en el que las dos partes se "comprometen a apostar por la vía política y la búsqueda de soluciones pactadas para la resolución del conflicto", como también a "aprobar medidas concretas que representen un avance medible de las negociaciones".

En tercer lugar, los dos ejecutivos acuerdan hasta ocho principios y aspectos metodológicos, como que la mesa de diálogo se reunirá "cuando existan acuerdos con el fin de informar a la ciudadanía", que estas reuniones se harán alternativamente en Madrid y Barcelona y que la voluntad de las partes es celebrar "un mínimo de dos reuniones públicas" de la mesa de diálogo en lo que queda de 2022.

Sin citar el espionaje político, el acuerdo señala que la actuación de las instituciones "garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con posiciones políticas y democráticas en Cataluña, rechazando actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos".