Tribunal Superior de Justicia de Navarra
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la rebaja de un año de prisión, de 15 a 14 años, a dos condenados por la violación de los Sanfermines de 2016.
La Audiencia de Navarra considera "jurídicamente obligado" seguir la doctrina jurisprudencial dictada en julio de 2024 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que entonces confirmó la rebaja de 15 a 14 años para Ángel Boza, el primero de los cinco condenados que lo solicitó.
En julio de 2024, el Tribunal Supremo confirmó la rebaja de 15 a 14 años de la pena para Ángel Boza. El Supremo consideró razonable el criterio del TSJN al ajustarse a los parámetros que se establecieron cuando se abordó la línea a seguir tras la entrada en vigor de la 'ley del sólo sí es sí'.
El Tribunal Superior de Navarra ha estimado en parte los recursos de la Fiscalía y la acusación a una sentencia de la Audiencia Provincial, que condenó al varón por violencia machista. El condenado deberá cumplir 9 años y 11 meses de prisión, al retirarle la eximente de confesión.
La juez explica en la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, que el encausado conducía el autobús de La Estellesa "sin la atención exigible a la vista de que se trataba de un medio del transporte colectivo, y el propio tamaño del vehículo".
El hombre, natural de Pamplona y de 56 años, estará en libertad vigilada otros 5 años no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 5 años; además, estará inhabilitado para la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 5 años-
Gema Varona, la nueva presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología, visita "Boulevard" para hablar de la importancia de la justicia restaurativa.
La sentencia también impone al acusado una indemnización de 552 383 euros que deberá abonar a los cuatro hijos de la víctima.
El acuerdo ha sido alcanzado antes de que se constituyera el jurado que iba a juzgar el crimen. La agresión mortal tuvo lugar en una vivienda de la calle de la calle Bernardino Tirapu de la capital navarra, en el barrio de la Rotxapea.
Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN ha ratificado las penas del autor del crimen (18 años) y de su cómplice (9 años).
De los 19 identificados por su supuesta participación en los hechos, 7 han sido citados este martes en la Comisaría de la Policía Foral, y posteriormente, trasladados al Palacio de Justicia. Ninguno de ha querido declarar.
La mujer de 42 años deberá indemnizar con 20 000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante 5 años. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El magistrado ha rechazado la existencia de la atenuante mixta de parentesco y ha estimado procedente 16 años de pena privativa de libertad.
El alcalde Mikel Oteiza defiende que es un símbolo cultural y ahora estudian un posible recurso.
La actuación del Ayuntamiento de Villava consistente en pintar un escudo en el frontón fue recurrida por el Comité Local de UPN.
La Sala no entra a analizar el contenido del programa Skolae. La sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el propio órgano judicial. El Departamento de Educación estudia el auto para decidir posibles actuaciones.
El hombre, de 41 años, no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse durante 8 años con la mujer, a la que deberá indemnizar con 5000 euros. El Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona considera probado que el acusado despreciaba "de manera sistemática" a su pareja.
La sentencia, no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, los procesados deberán indemnizar con 10 000 euros a la denunciante y no podrán acercarse ni comunicarse con ella durante 14 años.
La Audiencia de Navarra considera que las declaraciones de las denunciantes fueron corroboradas por las pruebas periciales. La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
El TSJN ha desestimado el recurso presentado por el colegio Miravalles-El Redín contra la resolución del Gobierno foral que extinguió el citado concierto por esa causa. En los próximos días, el tribunal resolverá de igual modo el recurso interpuesto por el colegio Irabia-Izaga por el mismo motivo.
En la mayoría de los casos, los fallos han llegado tras recursos interpuestos por particulares, sindicatos o empresas, y la argumentación jurídica ha llegado incluso a cuestionar todo el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca.
En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, también ha ratificado el resto de penas impuestas el pasado mayo por la Sección Primera de la Audiencia Provincial por un delito de abuso sexual.
Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra avala las bases exigidas por el departamento de Educación para los conciertos de Primaria.
Según recoge la sentencia de la Audiencia de Navarra, el acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado la citada pena por delitos de amenazas y maltrato a sus padres, tráfico de drogas, tenencia y depósito de explosivos, y tenencia de armas prohibidas.
Todas las acusaciones presentarán, por tanto, recurso ante el Supremo. El TSJN bajó en un año la condena impuesta a Ángel Boza, en una sentencia que contó con un voto particular que estimaba que había que atender a "la gravedad de los hechos".
La letrada anuncia que recurrirán la bajada de condena, y afirma que "hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos" a la hora de decidir. Además, asegura que "los jueces son profesionales" y que el problema no es de la judicatura, porque "la ley no la han hecho ellos".
El TSNJN ha rebajado la condena de Ángel Boza en un año. La sentencia cuenta con un voto particular en contra emitido por la magistrada Esther Erice, quien argumenta que más allá de la arítmetica debe atenderse "la gravedad de los hechos". La víctima basará su recurso en ese argumento.
Ángel Boza deberá cumplir 14 años de prisión en vez de 15. La sentencia del TSJN cuenta con un voto particular en contra emitido por la magistrada Esther Erice, quien argumenta que más allá de la arítmetica debe atenderse "la gravedad de los hechos". La víctima recurrirá la sentencia
En "Boulevard" de Radio Euskadi explicaba sus argumentos para votar en contra de la resolución judicial del Tribunal Superior de Navarra.
El tribunal rechaza el recurso del Gobierno de Navarra, que retiró el concierto al Bachillerato del colegio del Opus Dei por incumplir la ley de educación que prohíbe la separación por sexos. Según la Sala, se han ponderado los intereses públicos y privados de forma "absolutamente proporcionada".
El Ejecutivo argumenta que "no supone un perjuicio económico para las familias del alumnado ni impide que el centro continúe con el modelo educativo de educación diferenciada".
Al igual que hiciera la semana pasada con el colegio Miravalles-El Redín, la Sala de lo Contencioso considera que la decisión del Departamento de Educación puede generar daños de "imposible o difícil reparación".
Decreta la suspensión cautelar al considerar que la decisión del Departamento de Educación puede generar daños de “imposible o difícil reparación”.
El condenado deberá, además, indemnizar con 50 000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 12 años. El menor era hijo de la pareja de su hermano.
El joven de 25 años propinó dos puñetazos a una mujer que acababa de dar a luz hace escasos días, quebrantando la orden de alejamiento y agrediéndola de nuevo.
El 4 de noviembre en Bilbao. Es la cita que puesto el organismo a favor del euskera para salir masivamente a la calle y defender los derechos lingüísticos ante la "ofensiva judicial" de estos últimos tiempos. Consideran que "es el momento de dar un paso" y "mostrar el desacuerdo".
En la mayoría de los casos, los fallos han llegado tras recursos interpuestos por particulares, sindicatos o empresas, y la argumentación jurídica ha llegado incluso a cuestionar todo el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca.
Se trata de la primera sentencia emitida en la Comunidad Foral que aplica la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. El empleado recibirá 9700 euros en concepto de subsidio no percibido e indemnización.
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